Paraguayo Cubas y Efraín Alegre desafiaron abiertamente la normativa electoral al insistir en unas internas con padrón nacional, pese a que la ley lo prohíbe de manera explícita. La iniciativa, que nace sin sustento jurídico, refleja las dificultades de la oposición para construir consensos. En paralelo, Cubas impulsa su propio proyecto político, lo que alimenta las críticas de que, lejos de buscar la unidad, repite la estrategia que ya debilitó a la oposición en elecciones anteriores.
El ex presidenciable Paraguayo “Payo” Cubas manifestó públicamente su apoyo al liberal Efraín Alegre en la idea de organizar unas internas opositoras con el padrón nacional para definir a un candidato único rumbo a las elecciones de 2028. Sin embargo, esta propuesta choca directamente con la legislación vigente, que prohíbe expresamente el uso de dicho padrón en procesos de concertación, según denuncias.
Alegre planteó a través de un video la realización de una “gran interna opositora” con todos los sectores, utilizando el registro electoral oficial como base. La iniciativa recibió la adhesión de Cubas, quien incluso proyecta un calendario: una preinterna en mayo de 2027 y una interna definitiva en diciembre de ese año.
La posición de ambos dirigentes contrasta con la del bloque mayoritario de la oposición, que ya trabaja en un acuerdo electoral para municipales y presidenciales, pero sin contemplar la figura del padrón nacional debido a su inhabilitación legal. La modificación reciente de la normativa cerró esa posibilidad, lo que convierte la propuesta en un planteamiento inviable en términos jurídicos.
Por otro lado, Cubas impulsa su propio proyecto, denominado Acuerdo Guaraní, con reuniones políticas y precandidaturas. Este movimiento genera dudas, ya que sectores opositores lo acusan de repetir la estrategia de 2023, cuando se negó a sumarse a pactos de unidad y terminó fragmentando el frente opositor.
Pese a las advertencias legales y a la experiencia de elecciones anteriores, tanto Cubas como Alegre insisten en un esquema que la normativa electoral no permite, reavivando las críticas sobre los riesgos de una nueva división en la oposición.
