MOPC entrega otro peaje a Rutas del Este y beneficia a empresa de Pettengill

Con la excusa de una nueva “adenda” para obras futuras, el consorcio Rutas del Este —ya beneficiado con millonarios pagos extras en la Ruta PY02— manejará la operación el peaje Luque - San Bernardino hasta el año 2047. El estreno del nuevo mando ya generó caos y el rechazo de usuarios por la eliminación del pago con QR y la habilitación de pocas casetas.

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Desde el primer minuto de este 2026, el trayecto conocido como la “Ecovía”, que une Luque con San Bernardino, dejó de ser administrado directamente por el Estado para pasar a manos del Consorcio Rutas del Este, conformado por la española Sacyr y la firma Ocho A, representado por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador Luis Pettengill.
La transferencia, confirmada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), no es un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de una serie de concesiones y beneficios que la cartera estatal viene otorgando a la empresa vinculada a la familia del parlamentario colorado.
Rocío Calmejane, coordinadora de proyectos en explotación del MOPC, señaló que se trata de una “operación transitoria” enmarcada en la Adenda 7 del contrato de Alianza Público-Privada (APP). Indicó que la empresa se encargará de mantener 67,73 kilómetros de vías, incluyendo el cuestionado viaducto de Luque, a cambio de la explotación de los peajes. Esta operación asegura el flujo de caja para el consorcio hasta el año 2047.
El uso de las adendas se ha convertido en la herramienta predilecta del MOPC para inflar contratos y beneficiar a firmas “amigas”. Cabe recordar que, ya en 2023, este diario denunció que la cartera autorizó pagos extras por US$ 50 millones a Rutas del Este en el marco de la duplicación de la Ruta PY02. En aquel entonces, el consorcio incluso dejó de realizar obras previstas originalmente con la venia de las autoridades.
Calmejane admitió que con lo recaudado en el peaje de la Ecovía y el 30% de los ingresos del peaje de Ypacaraí, se costearán las nuevas obras de la “Red Vial Estructurante de Accesos”. En la práctica, el Estado cede la administración de recursos para financiar obras que el consorcio debe ejecutar.

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